El Gobierno 'bunkeriza' el Caso Almería

El pasado 22 de abril, Amaiur formulaba varias preguntas relacionadas con el Caso Almería en el Congreso de los Diputados. Quería saber si los agentes de la Guardia Civil condenados por asesinar los tres jóvenes cobraron ayudas de fondos reservados, las cantidades y si, finalmente, contempla el gobierno considerar a los fallecidos como víctimas del terrorismo. Además, entre las cuestiones se incluia si se han destinado fondos similares a otros funcionarios por delitos. Jon Iñarritu, diputado de Amatir, recibió la siguiente respuesta a sus numerosas preguntas: "El Gobierno carece de información que pueda aportar a una respuesta parlamentaria, dada la antiguedad de los hechos referidos en la pregunta".

El hecho no deja de ser una muestra más del hermetismo generado en torno al Caso Almería por parte de del Gobierno desde que sucedieran los hechos aquel 10 de mayo de 1981, sin duda, una de las páginas más negras en la historia la Guardia Civil.

Desde Amaiur, en declaraciones concedidas a Diario de Almería, manifiestan que "la respuesta del Gobierno es impresentable y, teniendo en cuenta que estamos ante víctimas mortales, es un claro ejemplo de menosprecio y humillación a las víctimas de la violencia policial". A lo que agregan: "Defendemos que absolutamente todos los casos de violencia que se han dado en el contexto del 'conflicto vasco', de manera directa e indirecta, sean aclarados".

Confundidos como terroristas de ETA tras el asesinato del Coronel Valenzuela, el 10 de mayo de 1981, un santanderino, un salmantino y un almeriense de Pechina, Juan Mañas , fueron asesinados por varios agentes de la Guardia Civil después de haber sido torturados en busca de una confesión imposible, pues su delito no era ninguno. Ni etarras ni asesinos. Los agentes, tras percatarse de su error, mataron a tiros y calcinaron los cuerpos en un Ford Fiesta (en el kilómetro 8,400 de la carretera de Gérgal) para eliminar pruebas y cambiar la versión de los hechos. La Benemérita dijo que iban armados e indocumentados mientras se les transportaba a Madrid e intentaron huir. Pero quien conoce el caso sabe que eso no sucedió. Defienden que ya estaban muertos y que habían sido tiroteados en el antiguo cuartel de Casas Fuertes. A los tres acusados se les sentenció de homicidas y no por asesinato. Treinta y tres años después, la familia de Juan Mañas sigue pidiendo justicia, argumentan que no todos los culpables de aquella tragedia fueron juzgados -los llamados voluntarios del teniente coronel Carlos Castillo Quero-