David contra Goliat en la Frontera Sur

David contra Goliat se enfrentan cada día en el mar. La lucha contra el narcotráfico y la trata de seres humanos que se está librando en el Mediterráneo atraviesa uno de sus peores momentos por la creciente desigualdad de fuerzas. En aguas de Almería, el punto más caliente de la península como puerta de Europa en la crisis migratoria, la Guardia Civil se enfrenta a mafias y redes internacionales, cada vez más consolidadas en los países de origen y destino y narcolanchas de última generación, con plantillas que dan para articular una única tripulación a pesar de tener cuatro embarcaciones, además de que la flota es cada vez más precaria y no está ni mucho menos capacitada para hacer frente a planeadoras de hasta cuatro motores que superan los 60 nudos (110 km/h). Es más, una de las patrullera de altura del Servicio Marítimo de Almería, la Río Almanzora, se ha donado a los Museos Flotantes de Alicante para estudio y exposición por su valor histórico y se sustituye por la Río Guadiana en servicio desde 2006 y con vida útil ya amortizada.

Las organizaciones criminales son conscientes de su supremacía náutica en la Frontera Sur y están haciendo un triple negocio con las lanchas rápidas: tráfico de drogas, logística (petaqueo) y desde hace meses el transporte de personas. Las mafias han reactivado la ruta migratoria desde Nador a Almería y llegan a cobrar hasta 9.000 euros por viaje a jóvenes marroquíes. En los últimos años venía creciendo la estadística de pateras taxi desde Argelia, en oleadas nocturnas a las calas remotas del levante, pero en la actualidad el predominio de la inmigración irregular lo canalizan desde Marruecos las narcolanchas que entran en escena a plena luz del día, por las mañanas, en playas concurridas principalmente de los pueblos del Poniente almeriense.

“No hay forma legal de pararlas, son ‘ferraris’ que alcanzan los 50 y 60 nudos con pilotos expertos, que no tienen ningún miramiento y si tienen que pasar por encima ni se lo piensan”, reconoce uno de los agentes del Servicio Marítimo. En pleno desembarco masivo en Adra a principios de semana sufrieron una embestida que hizo zozobrar a la patrullera de Guardia Civil por la temeridad al alza del patrón de una semirrígida a la que perdieron la pista nada más iniciar el regreso a África. La interceptación, ya sea en alta mar o cerca de la orilla, es una misión imposible con la actual flota, es inviable poder abordar las narcolanchas -de cuatro motores de 300 caballos de vapor- y toda esperanza pasa por una avería o que se quede sin combustible.

Sin medios aéreos, con personal bajo mínimos y una flota arcaica, el Servicio Marítimo ofrece poca resistencia ante al auge del tráfico ilícito de personas. La plantilla es de 45 agentes, incluido el personal administrativo, por lo que entre las bajas, vacaciones y comisiones de servicio no tienen posibilidad de simultanear sus patrulleras.

En las últimas dos décadas sólo han coincidido tres o cuatro veces dos embarcaciones. Ni tan siquiera en los momentos más críticos de los flujos migratorios. Apenas pueden articular a una tripulación que a veces es de solo tres personas en la auxiliar (Aister) incumpliendo las instrucciones que establecen un mínimo de cuatro. Los turnos han pasado de 24 a 12 horas, recorte operativo que implica más relevos y menos tiempo de servicio. El 16 de agosto recibieron la visita del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que subió a bordo del buque Río Segura, con base en Canarias y escala ese día en Almería, para la foto oficial. No hubo anuncios de renovación de la flota ni refuerzo de plantilla pese a conocer las necesidades de uno de los enclaves geoestratégicos con mayor presión migratoria.

Desde que comenzó el verano, con la mejora de la climatología, el goteo de lanchas es permanente y como mínimo entra una diaria. Si en los seis primeros meses del año habían sido 1.700 inmigrantes los que entraban ilegalmente por vía marítima a la provincia, entre el 1 de julio y el 20 de agosto la cifra se disparó a 2.500. En total son 4.219 personas en lo que va de 2023, un 105% más que en ese periodo del ejercicio anterior que se cerró con 4.033 en los doce meses, según se plasma en el último resumen del Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Fronteras de la Guardia Civil. Sólo Tenerife y Las Palmas superan la estadística de la Comandancia de Almería. El fuerte tirón de la ruta desde Nador ha propiciado el vuelco del liderazgo en la estadística por países de origen y actualmente el número de marroquíes que han llegados a la provincia (2.846) duplica la cifra argelinos (1.177).

El 14 de agosto se detectaron 10 embarcaciones, 12 un día después y este lunes fueron 8 entre Adra y El Ejido en menos de 24 horas. Y el drama real, tal y como esgrimen las organizaciones humanitarias, podría duplicar (y hasta triplicar) la estadística oficial porque cada vez son más las descargas en tierra que escapan a cualquier control. A veces dos agentes de una patrulla se encuentra con grupos de hasta 80 personas y evidentemente el que se queda es porque quiere ser conducido al Centro Temporal de Atención a Extranjeros (CATE) del puerto de Almería. Saben que en 48 horas serán puestos en libertad con un oficio que presentarán en Comisaría de Policía Nacional para que se tramite una orden de expulsión que casi nunca llega. Las repatriaciones en las ocho provincias andaluzas fueron 645 en 2022, 377 en 2021 y 556 en 2020. Millar y medio en tres años, menos de los que llegan a Almería en dos meses de verano.

Llegan más pateras que nunca, pero se interceptan menos porque las mafias han mejorado medios y estrategias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un grave déficit de recursos. Las redes criminales tienen un presupuesto ilimitado porque el negocio de la desesperación de las personas es muy rentable. En cada trayecto de una planeadora viajan entre 40 y 50 inmigrantes o en torno a 3.500 kilos de hachís. Los pilotos, encapuchados porque empiezan a entrar las mafias españolas, llegan a embolsarse hasta 50.000 euros por trayecto, 35.000 por controlar el GPS. Cruzan el mar de Alborán en cuestión de horas, se acercan a la costa y descargan el pasaje en dos minutos, a veces de manera brusca y violenta, para internarse de nuevo en alta mar. Graban con el móvil el desembarco y envían los vídeos a los cabecillas para que se certifique que han entregado el “paquete” en Almería.

Cuando se produce una avería las abandonan, a veces hasta las ceban y queman, sin importar que haya costado hasta 150.000 euros en el mercado negro porque están prohibidas desde 2018. Ocurrió, por ejemplo, esta semana en la playa de Almerimar. Después de dar varias vueltas sin control, la patera sin ocupantes se estrelló contra una escollera. El litoral del Poniente es el principal foco de la irrupción de las narcolanchas que están cambiando el hachís por el tráfico de personas desbordando por completo las capacidades del servicio marítimo y también de los dispositivos terrestres que tienen que volcarse en la respuesta a las avalanchas migratorias y aparcar el resto de los competencias de la seguridad ciudadana.

Los alcaldes de El Ejido y Adra han reclamado más medios materiales y humanos a la Subdelegación del Gobierno alegando la alarma social entre sus vecinos. El portavoz de la AUGC, Víctor Vega, lleva tiempo alertando de una situación “inasumible” para la actual plantilla de la Guardia Civil. A su juicio, no hay suficientes agentes en las unidades ni vehículos para prestar la labor humanitaria, ni para la custodia y traslado desde la playa al CATE. A veces tienen que buscar zonas de sombra porque la espera se hace eterna a 40 grados a pleno sol por el colapso que sufre la instalación portuaria. Plantea que Almería necesita un CIE como el de Algeciras y Barcelona porque recibe oleadas de 500 inmigrantes en menos de 72 horas.