¿Quién es Dampan G.C. y sus once hijos que consiguieron la nacionalidad española?
Inmigración
La Policía Nacional de Almería investiga la obtención de la nacionalidad de un grupo de ciudadanos subsaharianos
¿Quién es Dampan G.C.? ¿Quiénes son sus once hijos? Para responder a estas preguntas es preciso acudir a una investigación de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Policía Nacional en Almería centrada en varios núcleos familiares de personas originarias de Guinea Bissau que obtuvieron la nacionalidad española.
Según los investigadores, estas personas habían aportado documentación falsa para simular relaciones paterno filiales con otros ciudadanos subsaharianos, y así poder solicitar permisos de residencia. Tres de los supuestos hijos han sido juzgados recientemente en Almería y han resultado absueltos.
La Oficina de Extranjeros de Almería comunicó a la UCRIF aquellos trámites que eran "susceptibles de ser fraudulentos", lo que llevó a los policías hasta Dampan G.C., quien había otorgado derecho como familiar comunitario a hasta 15 personas nacidas entre 1986 y 2008.
Esto provocó que el 10 de agosto de 2015 fuesen detenidos por un delito de falsedad documental tres de los "hijos" de este hombre: Braima G.C., Mario G.C. y Saliu G.C.
Todos los acusados negaron desde su imputación y hasta su juicio esta acusación. Por ejemplo, Braima G.C. explicó que llegó a España con un visado y que por parte de su madre tenía tres hermanos y otros once por parte del padre.
Algo similar expuso Mario G.C., quien supuestamente llegó en 2011 en patera a Portugal, desde dónde se trasladó a la provincia almeriense porque ya vivían ahí su padre y un hermano, y que señaló que su madre era diferente a la de Braima, pero alegó que "su padre tenía más de una esposa" porque "en su país es normal" esta práctica.
Por su parte Saliu G.C. manifestó haber llegado en enero de 2015 en una patera a Tenerife, y de ahí a Almería. Como en los casos anteriores, señaló a una mujer diferente como su madre, así como que su padre tenía más hijos fruto de otras relaciones.
Ninguno de ellos supo o pudo explicar las anomalías en sus documentos, pero todos aseveraron que tenían 17 años cuando se hicieron las fotos de sus pasaportes, si bien la Policía mantenía que las mismas correspondían a personas de más edad. Eso sí, señalaron a su "padre" como la persona que había realizado todos los trámites por ellos.
Por su parte, Dampan G.C. no acudió al juicio al encontrarse en situación de rebeldía.
Durante la vista oral, declararon varios de los investigadores y uno de ellos apuntó que dos de los pasaportes eran falsos pero reconoció que no habían observado "indicios de pago de dinero".
En la misma línea se pronunciaron otros dos policías, que relataron las diferentes deficiencias que presentaban los falsos documentos.
Sin embargo, para la juez no ha quedado acreditada la falsedad que se atribuye a los Certificados de Narrativa Completa de Registro de Guinea Bissau o a las fotocopias de Registro de Nacimiento de este país incorporadas a las solicitudes de los acusados.
Todo ello porque dichas certificaciones no han podido ser cotejadas con las partidas de nacimiento "auténticas", lo que lleva a la juez a considerar que no bastan para validar la hipótesis de la Fiscalía, que indica que de acuerdo con Dampan G.C. los tres acusados juzgados simularon ser sus hijos.
La magistrada ha considerado, por ejemplo, que se podían haber practicado pruebas de ADN que, "sin ningún efecto negativo para ellos, habría descartado cualquier duda acerca de su verdadera identidad".
Ha señalado que a pesar de que Saliu G.C. sí adjuntó a su solicitud un pasaporte que imitaba a uno original, eso "no acredita que el acusado hiciera uso" de este documento "a sabiendas de su falsedad", pues él ha asegurado que "no ha estudiado y no sabe leer", por lo que los trámites los realizó su "padre".
El fiscal había solicitado penas de cuatro meses de prisión para los tres "hermanos" por delitos de uso de documento oficial, pero ahora han resultado absueltos; no obstante, la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Almería. EFE
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