Condenado por alquilar dos casas de un complejo subvencionado para crear empleo en Serón

Almería/Una juez de Almería ha condenado a un empresario que recibió más de 220.000 euros de subvención para crear un complejo de alojamientos turísticos con la finalidad de generar empleo en su comarca, pero que no llegó a contratar a ningún trabajador y alquiló dos de las viviendas a particulares durante cinco años.

La sentencia señala que el 2 de diciembre de 2009 el acusado, administrador único de una promotora, solicitó a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Almanzora una subvención para rehabilitar su cortijo de Serón, con la finalidad de realizar siete viviendas rurales para alojamientos turísticos, "contribuyendo así a consolidar el sector turístico a nivel local y comarcal".

Tras cumplir todos los requisitos requeridos, el GDR firmó el 22 de septiembre del año siguiente un contrato con el acusado por el que se le concedía una subvención que sería financiada en un 80 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (177.925,38 euros), y en un 20 % por la Junta de Andalucía (44.481,35 euros), hasta un total de 222.406,73 euros.

El acusado se comprometió entonces a no modificar la naturaleza de la inversión durante un periodo de cinco años a partir de su financiación, y a cumplir todas las condiciones como "la sujeción de las viviendas a fines turísticos y la creación y mantenimiento de empleo en el complejo".

Finalmente, el acusado recibió 220.174,60 euros en dos pagos realizados en marzo de 2012 y febrero de 2013, con los que construyó un complejo turístico y residencial, "sujeto al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013".

A pesar de lo anterior, y con "ánimo de enriquecimiento injusto", nunca contrató al personal responsable del mantenimiento y funcionamiento del complejo.

Más aún, en abril de 2013 firmó dos contrato de arrendamiento permanente de vivienda por un periodo de cinco años con dos particulares, lo que contravenía "el fin para el que fue concedida la subvención".

El acusado ha sido condenado a un año de prisión por un delito de fraude de subvenciones, por el que también se le impone una multa de 220.174,60 euros, y una inhabilitación durante cinco años para empleo o cargo público profesión, oficio, industria o comercio.

También se condena por este mismo delito a la sociedad de la que es administrador al pago de otra multa de 220.174,60 euros, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de tres años, y la prohibición de contratar con las Administraciones públicas por el mismo periodo.

La juez también ordene que el acusado y su empresa indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 220.174,60 por el "dinero indebidamente cobrado".

No obstante, la pena de prisión ha sido suspendida por el plazo de dos años, a condición de que el acusado abone la citada responsabilidad civil. La sentencia es firme.