Comienza el juicio por la muerte de un operario de un cantera en Rioja

Tribunales

El propietario y el responsable de prevención de riesgos laborales de la empresa se enfrentan a una petición fiscal de dos años y diez meses de cárcel

Almería/El propietario y el responsable de prevención de riesgos laborales de una empresa de fabricación de materiales de construcción se enfrentan mañana a una petición fiscal de dos años y diez meses de cárcel por la muerte de un operario de 38 años, A.C.G., en octubre de 2004.

La vista oral, que se celebra en el Juzgado de lo Penal número tres de Almería, dilucidará si existió responsabilidad penal en la caída del fallecido desde una altura de 18 metros en una cantera ubicada en el paraje Rambla de Los Arcos del término municipal de Rioja.

El Ministerio Público imputa a J.C.R. y C.G.M., de 'Áridos Marraque S.L.', un delito de homicidio imprudente, otro contra la seguridad de los trabajadores y un tercero de lesiones a un segundo operario, que sufrió policontusiones y esguinces cervical y de tobillo en el mismo siniestro, por los que solicita las penas de un año y medio, un año y nueve meses, respectivamente.

Según la calificación fiscal, A.C.G., de 38 años, se encontraba trabajando en la cantera denominada 'Pura' cuando se detectó un problema en el funcionamiento de una de las cintas transportadoras de material elevada 18 metros sobre el suelo, por lo que junto a un compañero, procedió a subir para arreglarla.

Una vez arriba, y debido a «un estado de corrosión generalizado en la estructura y en los anclajes de la banda», ésta cedió al peso y provocó que el fallecido se precipitase al vacío mientras que el trabajador que resultó herido encontraba asidero en la cinta y lograba deslizarse, amortiguando de este modo la caída.

El informe emitido por los técnicos de la Inspección de Trabajo refleja, asimismo, que la maquinaria utilizada para la extracción de áridos no estaba adaptada a la normativa europea pese a que fuentes de la Fiscalía detallaron que la defensa de J.C.R. y C.G.M. sostiene que la competencia en la materia correspondía a la Subdirección General de Minas.

El juicio, tras dos aplazamientos previos, no contará con acusación particular al haber acordado empresa y familiares el pago de la indemnización. Fiscalía, no obstante, solicita, asimismo, para ambos el pago de una multa de nueve meses a razón de doce euros al día.

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