Almería tendrá una zona vetada a coches contaminantes como Madrid o Barcelona

Almería

El Ayuntamiento licita un estudio para la creación de las llamadas Zonas de Bajas Emisiones, que establecerá el ámbito y las características de los vehículos de libre acceso. Será instaurada el año que viene por Ley

La avenida de Cabo de Gata es una de las arterias de la capital con mayor densidad de tráfico y contaminación acústica. / Javier Alonso

Se les llama ZBE. Zonas de Bajas Emisiones, situadas –donde están ya instauradas– mayoritariamente en los centros de las ciudades y en las que está prohibido el acceso a los vehículos más contaminantes (los de mayor antigüedad), en aras de mejorar la calidad del aire y rebajar también la contaminación acústica. Almería capital instaurará el próximo año una de estas ZBE, para lo cual el Ayuntamiento ha licitado un amplio estudio analítico que acabará por determinar cuál será el ámbito de este área y exactamente cuáles serán los vehículos vetados atendiendo al ‘etiquetado verde’.

Puede gustar o no, pero no es una decisión caprichosa, sino de obligado cumplimiento. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Almería responde a las medidas urgentes de la Unión Europea para reducir la contaminación que provoca el tráfico desmesurado en las ciudades, con un calendario muy estricto y que implica directamente a todos los ayuntamientos de poblaciones superiores a los 50.000 habitantes, que deben poner en marcha estas ZBE antes de 2023 y que las traerá, por tanto, a otras localidades de la provincia.

Están pues, como quien dice, a la vuelta de la esquina, así que el Ayuntamiento de la capital ha optado por contratar a una consultoría y asistencia jurídica que le ayude a dar cumplimiento a la jovencísima Ley 7/2021 de 20 y a las obligaciones que acarrea contra el cambio climático. La normativa determina planes de movilidad urbana sostenible con medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones del tráfico rodado. El Gobierno de España tiene en reserva 750 millones de euros de fondos europeos para colaborar en la creación de las ZBE como la próxima de Almería, que conllevará, además, las modificaciones oportunas de todas las ordenanzas del municipio relacionadas con la circulación (carga y descarga, ciclistas y vehículos de movilidad personal...), así como la creación de dos nuevos textos normativos: ordenanza de control de accesos a Zonas Restringidas y ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, por lo que la consultora también prestará ese asesoramiento jurídico solicitado en el contrato de servicios, licitado por el importe de 121.000 euros.

“El Ayuntamiento de Almería ha realizado en los últimos años en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible diversas iniciativas en materia de movilidad, destacando el establecimiento de zonas peatonales y la ampliación de vías ciclistas hasta alcanzar un total de 80 Km de vía y el consiguiente calmado de tráfico”, se indica en el informe de necesidad que el área de Seguridad y Movilidad acompaña a los pliegos de condiciones de este contrato dirigido a “establecer un área concreta de la ciudad que reúna las características idóneas para que se considere zona de bajas emisiones” y, recibir, entre otros servicios, asesoramiento en la elaboración de informes y borradores para la contratación del suministro, instalación, mantenimiento y/o gestión de la ZBE.

El Ministerio para la Transición Ecológica presentó hace escasos días una guía para los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes y los de más de 20.000 más contaminados que deben crear zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de 2023. El documento especifica los criterios en materia de calidad del aire, eficiencia energética, ruido y cambio climático que tienen que contemplar, pero las directrices no determinan la extensión mínima –sí indican que deben abarcar un área “significativa” que permita reducir la contaminación–, y deja en manos de los ayuntamientos decidir qué tipologías de vehículos deberá restringirse el acceso a una ZBE sobre la base del sistema de etiquetas de la Dirección General de Tráfico.

Los coches de gasolina matriculados antes de 2000 y diésel anteriores a 2006 carecen de etiqueta. La etiqueta B se corresponde con coches de gasolina de entre 2000 y 2006 y diésel de 2006 a 2013. La C, de gasolina posteriores a 2006 y de gasóleo posteriores a 2014. Eco: los híbridos en general. Cero: los eléctricos o los híbridos con una autonomía de más de 40 kilómetros.

La guía, no obstante, facilita diferentes modelos de Zonas Bajas de Emisiones, como la delimitación de un área concreta en el municipio que puede ser más pequeña en inicio, pero contar con un plan de extensión a más zonas en el futuro (el ejemplo de Madrid Central y su actual derivación a ZBE Distrito Centro); o combinar un núcleo de mayores restricciones con una o más áreas de menores vetos en torno al anterior. O, incluso, una ZBE global, que abarca todo o casi todo el municipio, como ocurre en Barcelona.

Son cuestiones a decidir, que el Ayuntamiento adoptará una vez tenga el trabajo de la consultora sobre la mesa. Dispondrá de dos meses para un primer diagnóstico propuesta de ZBE, una vez formalizado el contrato ahora licitado.

Modelos: Madrid y Barcelona

Hay diferentes modelos de ZBE. Puede ser un área concreta más pequeña en el inicio, pero contar con un plan de extensión que la vincule a otras zonas. Londres y Milán lo han hecho así y un ejemplo en España de esta tipología sería Madrid Central, en la remozada y rebautizada ZBE Distrito Centro, a cuyo alrededor se pueden establecer una o varias zonas de transición con medidas graduales que permitan evitar un posible ‘efecto frontera’. La ZBE madrileña solo permite la entrada a residentes y a vehículos con etiqueta Eco o Cero. Los coches B o C solo pueden acceder si van a un parking público, mientras que aquellos sin etiqueta tienen prohibida la entrada.

La ZBE de Barcelona es menos restrictiva que la de Madrid en cuanto a las etiquetas permitidas, pero abarca prácticamente toda la ciudad y también varias urbes limítrofes. Restringe la circulación a los vehículos sin etiqueta de 7.00 a 20.00 en días laborables. En cualquier caso, el diseño de las ZBE debe dar prioridad al peatón, a la movilidad activa y al transporte público.

Diagnóstico previo e impacto económico de la ZBE

Los servicios para instaurar la ZBE que precisa el Ayuntamiento son de distinto ámbito y amplios. Concede un primer periodo de dos meses, durante el cual la consultora a contratar deberá elaborar un diagnóstico inicial, teniendo en cuenta el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Plan Estratégico Almería 2030, y el Proyecto Camina, así como informes diarios de calidad del aire (hay medidores en la avenida del Mediterráneo en su cruce con calle Arcipreste de Hita y en el Puerto), además de realizar una modelización de calidad del aire para la definición de las medidas de restricción y el área mínima necesarias para alcanzar los objetivos marcados por la UE.

Para ello, la empresa tendrá que hacer una campaña de mediciones durante 15 días con un despliegue de sensores y aforos de tráfico para poder efectuar, finalmente, una recomendación de estrategia y delimitación de la ZBE. Una vez diseñada la zona, y establecido un calendario para poder llegar a 2023, se someterá a valoración municipal. El Ayuntamiento solicita para este trabajo once apartados que corresponden a sendos análisis, entre los que destaca un análisis del impacto económico e implicaciones para la economía local de la ZBE y una lista y descripción de todas las medidas previstas en el proyecto, calendario de aplicación, estimación de la mejora de la calidad del aire a lograr, perspectiva de protección de salud pública, y estimación del plazo para llegar a objetivos.

A lo largo del próximo año, será habitual toparse con aforadores para el contaje de vehículos y mediciones de la calidad de aire, pero también con sonómetros. Vendrán de la mano del proyecto para la instauración de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero también de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS), ya que el Ayuntamiento aplicará una revisión al Mapa de Ruidos al objeto de su actualización.

Estas ‘zipi y zape’ tienen un denominador común y es el objetivo de rebajar los decibelios que soportan los residente en las urbes. La guía del Ministerio de Transición Ecológica establece que las ZBE deberán reducir el ruido que provocan los vehículos, para lo que recomienda realizar una zonificación acústica de las ciudades según los usos de los barrios. En los de uso industrial no se deberían superar los 75 decibelios (db), mientras que en los residenciales, 65. En los alrededores de edificios con usos sanitarios, docentes o culturales, el límite deberían ser los 60 db.

Es por ello que entre los servicios a contratar por el Ayuntamiento dentro del Plan de Movilidad se piden, además del contaje de vehículos y peatones (50 aforos de cuatro horas), y contaminación de la atmósfera, otros parámetros como la emisión de ruidos, sobre el que incidirá un segundo contrato en curso por parte de la Gerencia de Urbanismo.

Si bien los sonómetros del Mapa de Ruidos ya deberían estar en la calle, el contrato licitado en abril ha vuelto a la plataforma de contratación del Ayuntamiento, ya que fue recurrido por el Colegio de Geógrafos. Aceptadas sus consideraciones, se encuentra en fase de oferta esta contratación de una empresa especializada en la materia que aporte el estado actual del exceso, o no, de decibelios en el término municipal, que podría redefinir los límites de la zona saturada o las medidas de corrección del Plan de Acción Municipal contra el Ruido.

Aunque las iniciativas de dicho plan llevan relativamente poco tiempo poniéndose en marcha –fue aprobado en mayo del pasado año, si bien con anterioridad hubo acciones de impacto como la modificación de los horarios de apertura de las terrazas de los bares–, el Mapa de Ruidos, sobre el que se sustentó el mencionado Plan, tiene ya una antigüedad de ocho años, puesto que fue finalizado en 2013 y la toma de datos se realizaba un año antes.

La decisión de Urbanismo ha sido la de revisar el Mapa con un nuevo muestreo de emisión de decibelios al tener en cuenta las disposiciones normativas existentes. La Ley 37/2003 establece la obligación de actualizar los mapas de ruidos cada cinco años. Atendiendo a la legislación, la empresa a contratar efectuará controles de sonido durante un periodo de seis meses, que incluye el trabajo de campo y la exposición de los resultados, que vendrán a perfilar, si así se considera y lo estima el Ayuntamiento, el Plan de Acción y los límites de la zona acústicamente saturada (ZAS). O detectar nuevas, como recoge el pliego de condiciones de este contrato valorado en 60.500 euros (presupuesto de licitación).

Por decisión plenaria el pasado año, la zona saturada fue ampliada en Almería (Plan Zonal), duplicando los límites geográficos restringidos a la apertura de nuevos establecimientos hosteleros. La ZAS actual alcanza Puerta Purchena y Plaza Vieja, manteniendo como punto de partida el parque Nicolás Salmerón y quedando pues extendida desde la plaza San Pedro, punto de referencia de la acotación anterior.