El Algarrobico, ausente de la agenda política a la espera de una comisión mixta Junta-Estado dos años después

El hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), continúa en pie en el frente litoral protegido por su alto valor ecológico pero no figura en la agenda política desde que, en diciembre de 2017, se celebró por última vez la comisión mixta Junta-Estado que debe coordinar la demolición del inmueble y la restauración de la playa.

El último amago de convocatoria se remonta a un año atrás cuando, el departamento que dirige Teresa Ribera, trasladó en una respuesta escrita a Ecologistas en Acción que tiene previsto "convocar próximamente" el foro entre administraciones, si bien nunca se concretó en una fecha para continuar en el diseño de los pasos a seguir para hacer efectivos los objetivos marcados en el protocolo firmado en 2011.

Ahora tampoco la hay, pero desde el Ministerio han trasladado a Europa Press que sí está "en previsión" celebrarla y hay "voluntad política" para convocarla sin que haya tampoco esbozo de un posible orden del día. La "intención" es, según han remarcado, retomarla "una vez se inicie el nuevo curso político".

En su última reunión se analizó la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obligaba al Gobierno andaluz que entonces presidía Susana Díaz a iniciar un pleito por vía civil para conseguir la inscripción registral a su nombre de las fincas que componen el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel.

Con signo político distinto al frente de la Junta andaluza, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que lidera Carmen Crespo han expresado su "total disponibilidad" para acudir a la cita una vez el ministerio diga dónde y cuándo.

El Gobierno andaluz ha precisado que van a "colaborar" en la "búsqueda de soluciones" a una situación enquistada desde que en 2005 un juez de Almería ordenó parar las obras a un 91 por ciento de ejecución y ha apelado a "lealtad institucional" de cara a la próxima convocatoria de la comisión mixta.

Por su parte, desde Greenpeace han lamentado que, "de nuevo", El Algarrobico "esté dormido en algún rincón de la administración, a la espera de una resolución judicial nueva e innecesaria porque el hotel es ilegal e ilegalizable".

La coordinadora del Área de Diversidad, Pilar Marcos, ha recordado que es "posible" que antes de "finales de año", el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie en el marco del procedimiento a instancias del colectivos conservacionista para "agilizar" la demolición del hotel.

"De nuevo es posible que vuelva a relucir la inacción de la administración que, con el foco mediático puesto en otro lado los políticos, no se preocupa de cumplir con las sentencias, ha remarcado

Reclamaciones patrimoniales

No es el único pleito que discurre en paralelo con la vía política para abordar la situación generada en torno al hotel de Azata del Sol, enclavado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar. En la Audiencia Nacional aún se sustancian los procesos de reclamación patrimonial iniciados por la promotora, que reclama a ministerio, Junta andaluza y Ayuntamiento de Carboneras más de 70 millones de euros.

En paralelo, también, Azata del Sol ha vuelto a reclamar, en concreto lo hizo en diciembre de 2018, al ayuntamiento los 1,7 millones de euros que pagó a las arcas públicas en 2003 como contraprestación de la compraventa de dos de las fincas sobre las que se levanta el inmueble. Considera que este montante económico debe ser restituido, así como los demás gastos, intereses y "daños y perjuicios sufridos" ya que, en caso contrario, se produciría un "enriquecimiento injusto" a favor del consistorio.

Con cambio de gobierno en la corporación local carbonera tras las elecciones de mayo, aún está sin ejecutar el Decreto de Alcaldía dictado en el pasado mandato que ordenaba modificar "de la forma más rápida" en la memoria del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la calificación de los sectores ST-1 y ST-2 del Algarrobico a suelo no urbanizable de especial protección para así dar cumplimiento a un fallo del TSJA.

En ella, se acordaba anular el acuerdo del pleno del 11 de agosto de 2009 por el cual se aprobaba la adaptación del PGOU de Carboneras a la LOUA, en lo referente al sector ST-1 y ST-2, que aparecían como suelo urbanizable pese a estar bajo en paraguas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El anterior alcalde, Felipe Cayuela, abogó, en la misma línea que su antecesor Salvador Hernández, por darle uso al hotel, y apostó por que la Junta de Andalucía lo cediese al consistorio una vez se haga con la titularidad de los terrenos sobre los que se levanta para convertirlo en instalaciones destinadas a la tercera edad.

En los últimos años, el PSOE carbonero en la oposición con José Luis Amérigo como secretario local y hoy como regidor ha expresado su discrepancia con la línea oficial de la Junta de Andalucía sosteniendo que si bien iban a apoyar todas las medidas que impulsara, abogaban por su apertura porque "el municipio lo necesita".