Alerta ecologista: la amenaza del ladrillo vuelve al parque natural de Cabo de Gata-Níjar

La amenaza del ladrillo vuelve a sobrevolar el primer parque natural marítimo-terrestre de Andalucía, la joya medioambiental de una provincia que por su secular aislamiento ha logrado contrarrestar la fiebre del ladrillo que ha transformado con mayor virulencia el resto de la costa andaluza en las últimas tres décadas. El parque natural de Cabo de Gata-Níjar, Reserva de la Biosfera por la Unesco desde 1997, se enfrenta a nuevos desarrollos urbanísticos que podrían poner en riesgo un ecosistema natural único en Europa. Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria se planificaron proyectos con los que colonizar una veintena de áreas nunca explotadas a las que dieron acceso con la actualización en 2008 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Usos y Gestión del espacio protegido.

Pero la crisis del ladrillo paralizó en seco este desarrollo que tampoco contó con herramientas legales hasta que en 2017 las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo echaron por tierra los recursos presentados por los colectivos ecologistas en un litigio contra la administración andaluza porque entendían que rebajaba el grado de protección y permitía una intensificación de los usos agrícolas y urbanísticos. Durante una década el PORN estuvo suspendido cautelarme por la justicia, paralizando todos los planes parciales en los pequeños núcleos de población, pero tras la sentencia en firme y el paso de la pandemia se han ido reactivando las actuaciones urbanísticas contra las que vienen alegando las organizaciones conservacionistas. En muchas de las actuaciones, las que son incuestionables desde el punto de vista administrativo, han conseguido rebajar la edificabilidad.

Pero hay una promoción que ha generado alarma y preocupación porque supera en volumen e impacto ambiental a todas las demás, el plan parcial junto al núcleo de San Miguel en Cabo de Gata, el sector urbanizable más grande del parque natural en el que el urbanismo se ha venido desarrollando fundamentalmente a través de pequeñas unidades de ejecución. La asociación Amigos del Parque, con el respaldo de Ecologistas en Acción, GEM y Greenpeace, alertaba hace unas semanas de la construcción inminente de un total de 323 viviendas unifamiliares en una zona protegida anexa a San Miguel, entre las calles Abadejo y Gallopedro, porque la promotora había lanzado la oferta de venta de las primeras 94 casas. Esta planificación urbanística forma parte del Plan Parcial de Ordenación del sector SUP-CGA-01 aprobado en 2006 y estaba incluido como potencial desarrollo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 y también en el PORN que, a juicio de los ecologistas, amparó los “desproporcionados desarrollos” propuestos antes del estallido de la burbuja inmobiliaria por los ayuntamientos de Almería y Níjar.

El proyecto de reparcelación del terreno, que doblaría el suelo construido en el núcleo de San Miguel, se aprobó en junio de 2007 y desde entonces, pese a su avance normativo inicial, había permanecido sin urbanizar. Casi 17 años después de su génesis, las organizaciones conservacionistas entienden que se están dando los primeros pasos para desarrollar esta promoción en primera línea de playa en Cabo de Gata que tendría un impacto negativo en una zona que cuenta con dos hábitats de interés comunitario, tal y como recoge la Red de Información Ambiental de Andalucía. Uno calificado como amenazado de desaparición en el que se encuentran al menos cinco ejemplares de arto blanco o azufaifo (ziziphus lotus). También se encontraría con el hábitat prioritario 6220 de zonas subestépicas de pastizales de gramíneas vivaces o anuales y el hábitat 2260 de tomillares y matorrales en dunas y arenas litorales en el que se encuentra la lagartija colirroja.

El sector a urbanizar tiene una superficie total de 124.318 metros cuadrados (12,4 hectáreas) y la Junta de Compensación estaba integrada por 21 propiedades diferentes. El coste de urbanización, según el proyecto de reparcelación aprobado en 2007, ascendía a poco más de cuatro millones e incluía la cesión de parcelas al Ayuntamiento de la capital, dos para uso educativo y el resto para deportivo, servicios de interés público y social y espacios libres. Amigos del Parque Natural cuestiona los efectos prejudiciales para el medio ambiente que tendría la construcción de 323 viviendas, una parcela para uso turístico (4.032 metros cuadrados) que estaría destinada a un hotel y otra para servicios (2.308 metros cuadrados) que sería para un área comercial.

Si el Plan Parcial se tramitara en la actualidad tendría que someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica y, a juicio de la asociación, no debería pasar el corte por la negativa afección a la flora y fauna y por otros factores como el consumo de agua que requiere siendo un recurso escaso en la zona y también de depuración de residuales cuando la EDAR de Cabo de Gata no tiene más capacidad. “Esta urbanización no sólo supone arrasar más de 12 hectáreas de terreno con asfalto y hormigón en un parque natural, sino que además tiene como consecuencia el incremento de la presión antrópica sobre el territorio en general y de este núcleo en particular con mayor tráfico rodado, demanda de servicios e infraestructuras públicas y masificación de la zona”, argumenta Pilar González, de la junta directiva de la Asociación de Amigos del Parque.

Zona D: área urbanizable

El colectivo recuerda que este plan parcial no cuenta con evaluación ambiental estratégica, por lo que no se podría desarrollar sin que las administraciones local y regional le dieran su respaldo conscientes de lo ya expuesto en el informe de Amigos del Parque. El consistorio almeriense asegura que todavía no ha analizado un expediente que se remonta a febrero de 2006. Por su parte, la Delegación Territorial de Sostenibilidad de la Junta en Almería indica a este periódico que es una zona D (áreas excluidas de zonificación ambiental), por lo que se pueden desarrollar los suelos urbanizables siempre que se determine su no afección a los hábitats naturales y a las especies que motivaron la inclusión del espacio natural de Cabo de Gata-Níjar en la red Natura 2000 (apartado 4.2.4 del PORN).

Agua Amarga y San José

Los ecologistas dudan sobre la necesidad real de crear urbanizaciones en un espacio natural protegido cuando saben que un número importante de las nuevas viviendas acabarán como segundas residencias o destinadas al alquiler turístico. Entre los ejemplos citan dos sectores desarrollados en Agua Amarga con una superficie urbanizable de 12,7 hectáreas y también están en contra de la reciente autorización del Hotel Boutique en el antiguo Cortijo de las Chiqueras. Los ecologistas también se han movilizado contra la unidad de ejecución UE-SJ-24 en la zona norte de San José, de la mercantil Torres y González Díaz, ante la posibilidad de la construcción de 24 viviendas y un local comercial junto a la pista que lleva a Genoveses. Al igual que la promoción de San Miguel, deberá someterse al trámite de evaluación ambiental estratégica, por lo que deben ser la Junta de Andalucía y el ayuntamiento competente los que determinen su viabilidad y validen o modifiquen su desarrollo urbanístico.

“Pronto veremos grúas en Cabo de Gata y San José"

Una de las voces más críticas con el urbanismo en ciernes del parque natural Cabo de Gata-Níjar es desde hace ya décadas la de Pilar González. Desde la junta directiva de la asociación Amigos del Parque, el colectivo que llevó el PORN al Supremo, han alegado contra todos los proyectos urbanísticos que se han ido reactivando, una serie de nuevos crecimientos que no se habían previsto en el plan de 1994 y se incluyeron en 2008. Han presentado recursos con los que han conseguido rebajar la edificabilidad de proyectos, si bien muestran una especial preocupación en la actualidad con la promoción en ciernes del barrio de San Miguel, el sector urbanizable más grande del parque natural. Pilar González explica que la parcela no tiene evaluación ambiental estratégica, por lo que precisa de un respaldo del Ayuntamiento y Junta que no debería conseguir en base a los argumentos expuestos por los ecologistas sobre el impacto de una promoción de 323 casas y un hotel en un enclave natural con hábitats protegidos.

“Si les dieran un informe favorable no nos vamos a cruzar de brazos, nos iremos al Defensor del Pueblo, las instituciones europeas y los tribunales”, añade. Como asociación en defensa del interés público se han incorporado a la tramitación vía administrativa, por lo que tienen que ser informados de cada paso que avance el proyecto que hoy, de momento, sigue paralizado. Sólo se ha lanzado una promoción en la web de una inmobiliaria a la espera de ver la respuesta del mercado. “Nuestro abogado nos dice que es similar a lo que se hizo con el Algarrobico, se hizo un cambio de un terreno C2 en el que no se puede construir por un D2 que sería urbanizable. Estaríamos ante una nueva manipulación de la planimetría que sería ilegal, así que cuidado con meter las palas”.

Los conservacionistas perciben un aumento de presión antrópica en los últimos años, con un goteo incesante de promociones en los diferentes núcleos urbanos del parque, un avance de ladrillo que no responde ni mucho menos al crecimiento de población local, sino al interés de generar segundas viviendas que están cerradas todo el año y solo se habitan en verano. Tienen muchos ejemplos, en San José en 2019 había empadronados 887 habitantes y hay 1.979 casas, más del doble de viviendas que de habitantes. Y ahora tienen sobre la mesa nuevos proyectos con los que seguir aumentando este censo. Es el ladrillo que se avecina en el parque y contra el que van a luchar sin descanso la alianza ecologista. “A corto plazo veremos grúas de construcción en el Cabo, San José, Agua Amarga y Rodalquilar. No estamos de acuerdo con este tipo de proyectos urbanísticos que suponen esquilmar el territorio y tienen como consecuencia el deterioro de un espacio natural que fue declarado Reserva de la Biosfera”. Pilar González concluye que cada vez hay más concienciación ambiental de la ciudadanía, pero no ocurre así con las administraciones públicas.