Las viviendas con fines turísticos suponen ya el 27% de las plazas de la provincia

La provincia supera año tras año los registros turísticos del anterior y nunca antes en la historia había conseguido alcanzar la cifra de 2,5 millones de turistas que dispararon por encima de 5,5 millones las pernoctaciones durante 2018. Los hoteles sumaban 19.237 camas en 2007 y una década después han superado las 35.000 plazas en consonancia con el auge del destino Costa de Almería. Sin embargo, el auténtico boom del sector lo están experimentando las viviendas con fines turísticos, alojamientos que desde mediados de 2016 se han regularizado en la comunidad en base a un decreto de la Junta por el que han tenido que inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía. Este tipo de inmuebles, ya sean completos o por habitaciones, han pasado en la provincia de ofertar 11.388 plazas en marzo de 2018 a las más de 24.000 de hoy.

En poco menos de un año han duplicado su volumen de acogida y ya representan el 27% de las plazas del conjunto de establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la geografía almeriense. Un rápido florecimiento de un modelo de negocio ajeno a los tradicionales alojamientos que se ha extendido a 4.882 inmuebles en la provincia, superando las previsiones iniciales de la Consejería de Turismo al implementar la nueva normativa regional con la que estimaba que venían operando en el mercado negro vacacional entre 3.000 y 4.000 viviendas en base a la oferta proyectada en portales de internet y en las inmobiliarias del litoral con mayor demanda.

Si a las 24.038 plazas que se ofrecen este tipo de viviendas se le suman las 16.396 que ofertan los 120 apartamentos turísticos de la provincia, el volumen de negocio alcanza las 40.434 plazas, casi la mitad de las que tienen todos los establecimientos en su conjunto y 5.000 más que los 298 hoteles. El fuerte tirón de los pisos con fines turísticos, concentrados en el litoral almeriense con una especial profusión en la localidades de Vera, Mojácar y Níjar, está siendo determinante en el crecimiento vertiginoso de las camas de la provincia. En 2007 eran 46.002 las plazas, 53.000 en 2016, 70.000 en 2018 y en la actualidad superan las 89.300.

De ahí que haya surgido el debate en el sector sobre el efecto nocivo en la masificación y en la reducción de unos precios que los hoteles no pueden asumir, más allá de brotes de turismofobia en las principales capitales y restricciones a este tipo de viviendas con fines turísticos en comunidades como Baleares. La transformación del negocio turístico hacia la diversificación de la oferta y las nuevas tecnologías ha situado al alza al segmento de los pisos turísticos que cuentan en su proliferación con el respaldo de plataformas en auge como Airbnb, HomeAway o Booking, por citar sólo algunas, una alternativa que ha ido ganando terreno al hotel.

La regulación de este tipo de alojamientos responde a la necesidad de ordenar una importante oferta de inmuebles no destinados a vivienda y con uso privado para el turismo y a la de ofrecer a los clientes garantías de calidad y confort durante su estancia en la comunidad fortaleciendo la imagen del destino. La norma de la administración andaluza creó la categoría de vivienda con fines turísticos y estableció la inscripción obligatoria para poder operar en un intento de que este tipo de apartamentos y casas ocultas, ajenas a cualquier control estadístico, jurídico, fiscal y laboral se integraran en una oferta reglada acabando con la competencia desleal a los establecimientos hoteleros al salir de la clandestinidad.

La presión de la patronal logró que se regulara este segmento vinculado a nuevas formas de viajar y a la irrupción de una comercialización más directa y sin intermediarios, pero la proliferación de pisos turísticos sigue preocupando y mucho tres años después. Sin embargo, en base a los resultados no se aprecia un retroceso de ventas de los hoteles a pesar de la proliferación de estas viviendas, ya que tuvieron un 6,4% más de viajeros, ni tampoco en la ocupación media al cerrar el último año con casi el 50% cuando una década atrás era de un 45%.

El Gobierno tuvo en cuenta este desarrollo empresarial que miles de familias hacen con las segundas viviendas y una de las novedades de la pasada campaña del IRPF es que Hacienda ha reforzado el control sobre los propietarios de los pisos en alquiler, sobre todo para turistas. Desde el 1 de enero, los portales y web de alquileres vacacionales tienen que informar directamente a Hacienda sobre las reservas y transacciones entre sus usuarios y, en caso de detectarse que se han hecho de forma ilegal, contempla sanciones consistentes en el abono de los rendimientos no declarados, además de un recargo de entre el 50 y 150% del importe escondido al fisco según la gravedad de la infracción.