Más de 230 sanciones por realizar pozos ilegales o extraer más agua de la permitida en Almería

La situación de extrema sequía que atraviesa la provincia, después del peor año hidrológico de los últimos treinta años, incrementa el valor del agua existente y la necesidad de proteger este bien tan necesario de cualquier intento de empleo ilegal o abuso en los límites establecidos. La prolongada falta de precipitaciones está teniendo ya un fuerte impacto sobre los cultivos, paisajes y ecosistemas de la provincia, incluso ha provocado restricciones en el abastecimiento en algunas localidades de la zona norte, por lo que se hace imprescindible racionalizar los consumos, optimizando al máximo los aprovechamientos, y cortar el grifo a los que cometen excesos. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha iniciado en septiembre un plan anual de inspecciones, vigilancia y control de los recursos hídricos en zonas regables de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y mantiene activa la vigilancia sobre las concesiones vigentes de uso privativo de aguas subterráneas y superficiales para el abastecimiento de población, riego agrícola, abrevadero de ganado y uso industrial. No se puede bajar la guardia y menos aún en el momento actual de una provincia históricamente castigada por el déficit hídrico. 

La Junta ha incoado 239 expedientes sancionadores en la provincia entre 2016 y 2024 por vulnerar la Ley de Aguas de Andalucía, una infracción contra el dominio público hidráulico que puede conllevar multas de hasta 600.000 euros. La Secretaría General del Agua ha detallado a este periódico que entre los años 2016 y 2021 se contabilizaron 152 denuncias por la realización de pozos ilegales sin la concesión o la reprofundización y movimiento del lugar que se había autorizado cuando hay concesión y también por extraer un volumen de agua mayor a la que se había otorgado y a veces incluso por no tener un contador que registre los caudales. En 2022 se alcanzó la cifra más alta en la detección de estas irregularidades con 47, en 2023 fueron 29 y en el ejercicio actual han sido 11 hasta el mes de agosto. 

Aunque la autorización para la ejecución de nuevos sondeos para la captación de aguas subterráneas corresponde al Departamento de Minas de la Delegación de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, las competencias en materia hidráulica corresponden a la Delegación de Agricultura que aprueba las concesiones administrativas necesarias para el uso privativo de las aguas superficiales o subterráneas para el abastecimiento, riego y uso industrial, además de realizar las funciones de vigilancia, inspección y control de los aprovechamientos. Esta labor permanente conlleva tareas de comprobación de la instalación y precintado de los elementos de medición (contadores o aforadores) para evaluar el consumo, su correcto funcionamiento y realizar la lectura; comprobar que se cumplen los requisitos legales y condiciones impuestos en las concesiones o autorizaciones otorgadas; en el caso de solicitudes que se han denegado o que no tuvieran el derecho adquirido para el uso del agua, comprobar que no se están realizando extracciones y que han quedado debidamente clausurados; y la detección de recursos hídricos no autorizados resultantes de las visitas de campo o previa denuncia.

Autorización ambiental y proyecto

La mayoría de los expedientes que se han incoado a lo largo de los nueve últimos años se corresponden con explotaciones agrarias sin concesión o autorizados que incumplieron el condicionado y han derivado forzosamente en el sellado de los pozos ilegales detectados por los agentes de la administración andaluza y en ciertas ocasiones en procedimientos iniciados por los agentes del Seprona de la Guardia Civil. Los trabajos para la ejecución de sondeos y pozos requieren de una serie de requisitos tales como la presentación de un proyecto, la autorización previa del mismo por parte de la autoridad minera y la realización de los trabajos bajo la supervisión de un director facultativo nombrado por el promotor y comunicado a la Junta, conforme a la normativa básica de seguridad minera. Si el aprovechamiento hídrico va a ser mayor a 7.000 metros cúbicos tienen la obligación de poner un contador. Si se va a construir una balsa de acumulación de agua a partir del pozo en cuestión también es necesaria otra autorización ambiental y las correspondientes obras con sus permisos en vigor.

En marzo de este año la Fiscalía solicitó penas de 18 meses de prisión para los gerentes de tres empresas agrícolas acusados de extraer de manera ilegal más de 1,7 metros cúbicos de agua a través de un pozo de Huércal-Overa y de causar durante dos años (de 2017 a 2019) un perjuicio severo a un acuífero que se encontraba en un mal estado cuantiativo porque ese volumen equivale a un 20-30% de la disponibilidad de recursos. Los acusados deberán responder en el Juzgado de la Penal por un delito contra el medio ambiente y la indemnización conjunta que pide el Ministerio Público asciende a 343.249 euros a la Junta de Andalucía por ese daño al dominio público hidráulico. En abril del pasado año el TSJA rebajó a 6.010,13 euros el importe de la sanción a otra empresa que realizó extracciones de agua para riego sin autorización al entender que la cuantía de más de 23.000 euros impuesta en primera instancia contra la mercantil era "desproporcionada".

Campaña específica en Tabernas

La administración andaluza realizó en 2016 una campaña específica en la comarca de Tabernas por la situación de estrés hídrico creciente al que estaban siendo sometidos los acuíferos por la proliferación de regadíos superintensivos de los olivares en una de las zonas más áridas de Europa. Una situación que las organizaciones ecologistas denunciaron activamente y llevaron ante la justicia europea, derivando en un mayor control por parte de la Junta que puso en marcha un plan especial de inspección de fincas cultivadas en todos los municipios abastecidos con aguas subterráneas en el campo de Tabernas en una extensión de más de 4.578 hectáreas. 

Los técnicos de la administración andaluza inspeccionaron 227 pozos de los cuales 72 resultaron no disponer de la correspondiente autorización o concesión para la extracción de aguas subterráneas, lo que derivó en más de 50 procedimientos sancionadores a particulares y empresas. De hecho, en aquella etapa de control exhaustivo de las explotaciones agrarias se impuso una sanción ejemplar, ratificada en marzo de 2018 por el Consejo de Gobierno, con una multa de 450.759 euros a una conocida empresa de Tabernas y una indemnización de más de un millón por los daños ocasionados durante años con la extracción ilegal de recursos hídricos sin tener concesión ni autorización.

La comisión de infracciones graves acarrea multas dese 6.010,13 hasta 300.506,61 euros:

  • La apertura de pozos o la modificación de características relativas a su diámetro, profundidad o ubicación, así como la instalación de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin la correspondiente autorización.

  • Incumplir la obligación de sellar los pozos en desuso.

  • Incumplir el deber de instalar un contador homologado y su manipulación.

  • En general, las acciones consideradas infracciones leves, siempre que de ellas se derive un daño grave, cuya valoración supere los 15.000 euros, para el dominio público hidráulico o concurra reincidencia.

Las infracciones graves podrán saldarse además con sanciones accesorias como la clausura de las instalaciones y equipos para el uso del agua o la suspensión de la concesión de uso durante un año. Las infracciones tipificadas como muy graves conllevarán una multa entre 300.506,62 y 601.012,10 euros. Son aquellas acciones citadas anteriormente que supongan un perjuicio muy grave, con un valor superior a 150.000 euros, para el dominio público hidráulico. Además, su tramitación puede llevar aparejada sanciones accesorias como la ilegalización de la explotación o la imposibilidad de acceso a las ayudas de la Política Agraria Común durante tres años.